El nuevo proyecto de ley de lenguas y los viejos argumentos

La Ley de Lenguas de Aragón lleva sobrevolando el Pignatelli desde el mismo momento de la creación de la Comunidad Autonóma (tres años tarde, por cierto, por la intervención de algunos como José Ángel Biel). En Aragón se hablan muchas lenguas. Cada día más, de hecho, pero podemos decir que propias de Aragón son el aragonés, el catalán, y desde el siglo XV el castellano. La regulación de estas tres lenguas ha sido uno de los caballos de batalla políticos y culturales de los últimos 20 años.

En 2001 se redactó después de una intensa comisión preparatoria un anteproyecto de ley de lenguas que quedó encerrado en un cajón, bajo siete llaves, como el sepulcro del Cid. Aquel anteproyecto aprobado en comisión, con los votos particulares del PP y del PAR, que se quedaba corto en planteamiento y soluciones, al menos definía zonas, nombres y recursos. Ahora, y casualmente justo después de un Congreso "Regional" del PSOE en el que se escenificaba la sintonía entre PAR y PSOE, el Heraldo decide reventar de alguna manera el pacto de gobierno. A saber por quien filtrado, el contenido de la ley de lenguas que prepara el PSOE ha salido a la luz. Inmediatamente después el Heraldo ha corrido a buscar discrepancias. Las habituales. CHA considera que se queda corto, el PAR aragonés ni entra ni sale, pero se nota que son reacios, y el PP reacciona de la manera habitual, negando la mayor y echándose al monte. Respecto al análisis que hace el Heraldo de estas respuestas, no voy a añadir mucho más de lo que hace Xarxes.

Sólo por hacer hincapié en el ridículo de Gustavo Alcalde dos puntualizaciones. Gustavo Alcalde (médico, para más señas) dice que "el aragonés es un idioma artificial creado en los años 70, mientras que el catalán es ajeno a la comunidad y la DGA no puede cargarse de un plumazo la realidad de que tan aragonés es el maellano como el ansotano, el fragatino, el cheso, el literano o el patués". No sé que pensarán los 70.000 aragoneses que hablan catalán de que un político aragonés los eche de la comunidad donde viven, trabajan, pagan impuestos y se sienten parte. Ni sé que pensará la Real Academia Española de la Lengua cuando les digan que un médico cree que lo que dicen en su diccionario es mentira, y que además, su trabajo, consiste en crear un idioma artificial, castellano de miles de variedades locales. Porque exactamente es eso lo que hace. Elegir soluciones comunes de entre todas las variedades del mismo idioma, osea, crear artificialmente una norma común.

Además, dice Gustavo Alcalde sobre el catalán que el proyecto normativo "facilita armas y munición" a los nacionalistas que "desde hace años pretenden la anexión cultural de parte de Aragón y luego la anexión territorial dentro de los mal denominados països catalans". Como habla de armas y munición me proporciona un símil perfecto. Lo que dice Gustavo Alcalde es que hay que derribar la Aljafería, la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada porque "facilita armas y munición" a los islamistas de Al Qaeda que "desde hace años pretenden la anexión cultural de España dentro de Al Ándalus y luego la anexión territorial dentro de los mal denominados territorios del Islam". En fin, que, una vez más, Gustavo Alcalde no sabe por donde le da el aire.

El caso es que el filtrado del proyecto de ley de lenguas ha vuelto a generar polémica, que es de lo que se trataba, y ha vuelto a zarandear los derechos de los más de 80.000 aragoneses que no tienen el castellano como lengua materna y única.

El anteproyecto habla de "lenguas propias" para el aragonés y el catalán, pero no para el castellano, al que considera única lengua oficial. Evidentemente esto supone un problema por varias razones.

1. La ley reconoce que la lengua mayoritaria de los aragoneses, el castellano, no es propia de Aragón.
2. No reconocer la cooficialidad de las otras dos lenguas supone supeditarlas y por tanto, seguir minusvalorándolas, y con ellas, a sus hablantes, a los que no se conceden derechos en régimen de igualdad con los demás aragoneses.
3. La cooficialidad no es una cuestión baladí. No se trata nada más de que los aragoneses puedan dirigirse en su lengua a las instituciones, se trata de dignidad, se trata de legislación, se trata de respeto a nivel estatal, se trata de coincidir con la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, se trata de respetar la Constitución Española y el propio estatuto de Aragón.

A pesar de que una parte del Gobierno de Aragón (el PAR) pretende que sean los municipios los que denominen su lengua, parece claro que el PSOE, al menos, no está dispuesto a pasar por ahí. Si los filólogos coinciden en señalar a qué sistema lingüístico pertenecen las hablas de Aragón (unas al aragonés, otras al catalán), es lógico pensar que eso se refleje en la ley. De hecho, nadie se rasga las vestiduras porque se denomine castellano a la lengua mayoritaria en Aragón, a pesar de las enormes diferencias entre un hablante de Teruel y uno de Jaca, de la misma lengua.

El anteproyecto de Ley de Lenguas establece además que en Aragón hay sendas "zonas de utilización histórica" del aragonés y del catalán en las que esos dos idiomas deberán gozar de protección "garantizándose su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso". Un error más de la ley ya que la zona histórica del aragonés llega hasta Murcia y comprendía la mayor parte del territorio aragonés. El anterior anteproyecto sí que hablaba de zona de utilización y la describía, e incluso incluía los ayuntamientos que comprendía. Hablar de "utilización histórica" es vago e impreciso. Es más, no supone la delimitación de ninguna zona, ya que, insisto, la zona de utilización histórica de ambas lenguas es mayor de la que abarca ahora.

No se conoce tampoco como se articulará la presencia de ambas lenguas en la escuela, algo fundamental. Tanto el aragonés como el catalán tienen graves problemas de transmisión familiar por la masiva presencia del castellano en todos los estímulos de las nuevas generaciones. Si en la escuela no se enseñan, y no se convierten en vehiculares en las zonas que lo demanden, nunca se dará ese salto de recuperación y preservación.

Con la nueva ley se creará, presuntamente, el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón "un órgano colegiado, consultivo y asesor que, además de informar sobre la delimitación de las zonas de uso del aragonés y el catalán, tendrá muchas otras funciones: proponer al Ejecutivo líneas de actuación en el ámbito lingüístico, hacer un seguimiento de los planes y programas puestos en marcha, emitir informes por iniciativa propia o a petición de otros, elaborar las reglas de normalización del aragonés y el catalán, ser oído antes del establecimiento de los topónimos". Se supone que las lenguas sobre las que "será consultivo" serán el aragonés y el catalán. Ambas lenguas tienen Academia, y ambas deberían estar presentes en ese Consejo. Es decir, si Aragón tuviera que legislar sobre el uso del castellano apelaría a la R.A.E, como es lógico. Sorprende que no se considere igual al I.E.C. o que no se oficialice y se integre la A.L.A. en ese Consejo. Una cosa es la normalización de una lengua, objeto de estudio y trabajo de las Academias, y otra la legislación y aplicación, para la que quizás es necesario ese Consejo consultivo.

En definitiva, una ley de la que conocemos poco y que ya ha desatado la caja de los truenos, que ya llega tarde, después de que Marcelino Iglesias la prometiera para el primer año de legislatura. De hecho, la estrategia de los opositores es la misma. Filtración, oposición y esperanza que el PSOE de la mano del catalanohablante materno Marcelino Iglesias recule. Mientras, un patrimonio de Aragón, sus lenguas, sufre para sobrevivir cada día, oculto en su realidad cotidiana y sin ningún apoyo institucional a nivel aragonés.

Por cierto, una de las quejas recurrentes de los reacios a una ley de lenguas es la "imposición". Aseguran que las lenguas "han sobrevivido solas y deben seguir así, sin que se impongan a nadie". Ni esta ley, ni la de 2001, ni ninguna que haya parido un gobierno aragonés imponen a nadie ninguna lengua. Eso sólo lo hace la Constitución que nos obliga a todos a aprender castellano. La ley sólo protege a los que no tienen el castellano como lengua materna y que tienen el mismo derecho que los demás aragoneses a vivir, comunicarse, estudiar, dirigirse a la administración y existir que los castellanohablantes.